El plazo de ejecución del sistema 5G venció en abril, pero hasta ahora no existen rastros ni vestigios del despliegue de la red ni de los abonados. Desde la pequeña empresa salteña admiten que la cobertura es limitada y que actualmente no tienen capacidad para ofrecer el servicio.
La llamativa adjudicación de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) de la red 5G a favor de la empresa Nubicom sigue sin resolverse, mientras las autoridades del ente regulador avanzan con una nueva licitación.
El argumento de las autoridades para intentar desligarse de responsabilidades es que «la puesta en marcha y comercialización del servicio 5G depende exclusivamente de Nubicom». Sin embargo, la realidad es que la Conatel debió ejercer un estricto control sobre el cumplimiento del Pliego de Bases y Condiciones (PBC), cuyos requisitos terminaron siendo ignorados.
La obligación establecía que el servicio debía estar operativo como máximo dentro de los 180 días posteriores a la adjudicación concretada el 13 de octubre.
Incapacidad
Hasta la fecha, el «Centro de Atención al Cliente» de Nubicom, cuyo número para consultar sobre el servicio 5G y confirmar si ya se encuentra operativo, es el 0986 411 227. En el contacto responden que continúan en un «plan piloto», que los interesados deben dejar sus datos e ingresar a una lista de espera.
También recomiendan visitar el portal web nubi.global para obtener más información, aunque en ese sitio no existe ninguna referencia al servicio 5G, sino únicamente un número de atención al cliente.
A esto se suma que, cuando se consulta al señor Víctor Martínez, único vocero del proceso 5G, asegura que «ya están operativos». Sin embargo, esa afirmación queda desmentida cuando se acude al local de Teisa, en Villa Morra, declarado como sede de operaciones de Nubicom.
Conatel redujo su recaudación 96,4%
Cabe recordar, que mientras las empresas privadas desembolsaron US$ 180 millones por las licencias de 4G, en este nuevo proceso para una tecnología más avanzada, como el 5G, apenas ingresarán US$ 6,6 millones a las arcas del Estado, sumando ambos llamados. La diferencia representa una reducción del 96,4% en la recaudación.
Hace unos días se realizó el último llamado para licencias 5G, del que participaron Personal y Tigo, cuyas documentaciones se encuentran actualmente en análisis. Todo esto ocurre sin que la Conatel haya aclarado las irregularidades del proceso anterior, que dejó en evidencia una absoluta pasividad del ente regulador.
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