El ministro de Justicia, Rodrigo Nicora, explicó que el procedimiento fue desarrollado de manera conjunta con el Ministerio del Interior y demandó la participación de 250 agentes de la Policía Nacional y 96 agentes penitenciarios.
«Fueron 250 agentes de la Policía Nacional más 96 agentes penitenciarios que iniciaron el barrido general. Fue un operativo que requirió mucha coordinación», señaló. Nicora destacó la complejidad del procedimiento debido a la cantidad de personas privadas de libertad alojadas en el penal.
«No es fácil quitar de celdas a 2.800 personas privadas de libertad para hacer este control exhaustivo», afirmó.
Además de los más de 500 celulares, los intervinientes encontraron bebidas alcohólicas y otras sustancias cuya tenencia está prohibida dentro del establecimiento penitenciario.
El ministro sostuvo que los elementos hallados y las evidencias recopiladas apuntan a la existencia de una estructura de complicidad dentro del penal que habría permitido el ingreso y uso de los dispositivos.
«Evidentemente hay una alta complicidad para que esto pueda funcionar», expresó Nicora, al indicar que también se investigan imágenes y registros que evidenciarían el uso de teléfonos celulares y el consumo de alcohol dentro de la penitenciaría. El titular de Justicia señaló que existe una cadena de responsabilidades que será analizada durante la investigación administrativa.
«Cada uno de acuerdo a su área, pabellón y del sector donde están asignados va a tener que responder en base a todas estas pruebas que hoy en día se tienen», manifestó.
Como consecuencia del operativo, el Ministerio de Justicia resolvió apartar de sus funciones al director de la Penitenciaría Regional de Coronel Oviedo y a todo su plantel penitenciario, quienes serán sometidos a un sumario administrativo mientras avanzan las investigaciones.
Nicora adelantó además que las pesquisas continuarán para identificar tanto a quienes facilitaron el ingreso de los dispositivos como a los responsables de utilizarlos para la presunta comisión de hechos delictivos desde el interior del establecimiento.
«Hay que depurar el grupo que está comprometido con la institución de aquellos que nos obligan a este tipo de operativos», concluyó el ministro.
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