La agente fiscal Vivian Andrea Coronel, titular de la Unidad Especializada en Hechos Punibles contra Niños y Adolescentes N.° 1 de Ciudad del Este, formuló acusación contra una docente por la presunta comisión del hecho punible de violación del deber de cuidado o educación, y solicitó la elevación de la causa a juicio oral y público.
La investigación está vinculada al fallecimiento de un alumno de 12 años que habría sido víctima de acoso escolar. Según la acusación, la docente, en su carácter de profesora guía del estudiante, habría omitido cumplir las obligaciones establecidas por la Ley N.° 4633/12 y por el Protocolo de Atención en Instituciones Educativas para Casos de Violencia entre Pares y/o Acoso Escolar, aprobado por Resolución N.° 8353/12 del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC).
De acuerdo con la Fiscalía, pese a tener conocimiento de reiteradas situaciones de acoso que afectaban al estudiante, la docente no habría activado el protocolo correspondiente, ni comunicado los hechos a la dirección de la institución ni a las autoridades del MEC. Tampoco habría elaborado el informe técnico exigido, aplicado los indicadores previstos, adoptado medidas urgentes de protección ni realizado un seguimiento formal del caso.
Como parte de las diligencias, la fiscal Coronel dispuso la realización de una autopsia psicológica, herramienta técnica que permitió reconstruir el estado emocional y conductual del niño en el período previo a su fallecimiento. El estudio, contrastado con informes institucionales y documentación del MEC, identificó señales de alerta vinculadas al acoso escolar y un progresivo deterioro de la salud psíquica del estudiante, caracterizado por aislamiento, tristeza persistente y disminución del rendimiento académico, entre otros indicadores.
Según la investigación, no se realizaron oportunamente entrevistas para determinar las causas del cambio conductual del alumno, ni se investigaron sus ausencias reiteradas ni su solicitud de cambio de sección. La Fiscalía no halló registros de la activación integral del protocolo ni de las comunicaciones obligatorias previstas en la normativa, y verificó que el procedimiento habría sido activado recién después del fallecimiento del niño.
Con los elementos reunidos, el Ministerio Público sostiene que existen fundamentos suficientes para sostener la acusación en esta etapa procesal, motivo por el cual solicitó que la causa sea elevada a juicio oral y público.
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