Referentes del propio Partido Colorado reclaman resultados y vinculan abiertamente la suerte electoral de 2028 con la capacidad del Gobierno para corregir su gestión.
La advertencia más política fue formulada por el diputado colorado Hugo Meza, quien pidió un “segundo tiempo más eficiente” para que la ANR conserve el poder en 2028. Su planteamiento revela que el respaldo oficialista empieza a quedar condicionado por el calendario electoral: la administración de Peña ya no se evalúa únicamente por sus cifras, sino también por su capacidad de sostener las posibilidades del coloradismo.
Daniel Centurión, de la disidencia colorada, profundizó esa ruptura del discurso oficial al afirmar que existen “más sombras que luces”. Según el diputado, un círculo de políticos y empresarios se benefició durante estos tres años, mientras el trabajador apenas consigue llegar a fin de mes. Aunque reconoció los aportes de Hambre Cero, sostuvo que la promesa de que la población estaría mejor todavía no se tradujo en la vida cotidiana.
La defensa del Gobierno se concentra en los indicadores económicos y sociales. Natalicio Chase, de la ANR, destacó el crecimiento del 6,6%, mientras Basilio “Bachi” Núñez, también del oficialismo colorado, resaltó la reducción de la pobreza y la alimentación escolar para más de un millón de niños.
Sin embargo, ambos admitieron falencias en salud, desde la falta de medicamentos hasta las dificultades para dotar de personal y recursos a los hospitales construidos.
La oposición presentó un balance todavía más severo. Ever Villalba, del PLRA, calificó a Peña como “aplazado en todo”, cuestionó sus viajes y reclamó transparencia sobre la deuda pública.
Líder Amarilla, también del partido liberal, por su parte, definió los tres años como “un desastre” y señaló el endeudamiento estatal y la falta de mejoras en el transporte público como muestras de una gestión que no respondió a problemas estructurales.
El contraste entre crecimiento macroeconómico y malestar social se convierte así en el principal desafío de los dos años restantes. El blindaje político no necesariamente desaparece, pero comienza a depender de resultados que puedan exhibirse durante la próxima competencia electoral. Desde ahora, cada déficit en salud, transporte o economía familiar tendrá también un costo partidario y someterá la gestión de Peña al vaivén de la disputa por el 2028.
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