Los procedimientos dejaron personas detenidas y permitieron la incautación de armas, municiones, teléfonos celulares y documentos. El comisario Mario Vallejos, jefe del Departamento de Antinarcóticos, explicó que se trata del inicio de una serie de intervenciones y destacó el ingreso de las fuerzas de seguridad a sectores donde el Estado tenía escasa presencia.
El despliegue se produjo semanas después del ataque perpetrado el 21 de julio contra el Puesto Policial Nº 4 de la colonia Naranjito, en Ybyrarobaná. El atentado dejó tres fallecidos, entre ellos dos policías, además de un agente herido y la sede policial incendiada. Las autoridades todavía no atribuyeron formalmente el hecho a una organización específica.
Una de las hipótesis investigativas apunta a estructuras criminales que operan en Canindeyú, entre ellas la presuntamente encabezada por Felipe Santiago Acosta Riveros, alias “Macho”.
Informes manejados en la zona indican que el prófugo se movilizaría entre Corpus Christi, Katueté e Ybyrarobaná, aunque la Policía aclaró que aún no existen elementos para vincular a los detenidos durante el operativo con su organización.
Productores y pobladores denunciaron que grupos armados recurren a amenazas y presuntos cobros extorsivos para permitir el desarrollo de actividades agrícolas. Según estas versiones, parte del dinero obtenido sería utilizado para financiar la compra de armamento. Estas denuncias deberán ser comprobadas por el Ministerio Público.
Comunidades indígenas expuestas
Canindeyú cuenta con una importante presencia de comunidades Avá Guaraní, Mbyá Guaraní, Paĩ Tavyterã y Aché. La ausencia prolongada de instituciones públicas en varios territorios las expone a presiones, amenazas o intentos de captación por parte de organizaciones dedicadas al narcotráfico y otros delitos.
Habitantes de la zona alertaron sobre la presunta utilización de referentes locales como intermediarios para acercarse a las comunidades indígenas. Al no existir imputaciones públicas contra las personas mencionadas en estas versiones, las acusaciones deben mantenerse bajo reserva hasta que sean verificadas por las autoridades.
La Policía no descartó extender los procedimientos hacia sectores próximos a establecimientos rurales ubicados cerca del municipio brasileño de Sete Quedas, en Mato Grosso del Sur.
El desafío, sin embargo, no termina con los allanamientos: recuperar el territorio exige una presencia estatal permanente que proteja a indígenas y productores frente al avance del crimen organizado.
Deja una respuesta