Un juzgado penal decretó este viernes la inhibición general de vender y gravar bienes de los expresidentes del Instituto de Previsión Social (IPS) Vicente Bataglia y Jorge Brítez, junto a otros siete procesados, en el marco de la investigación por presunta lesión de confianza que impulsa el Ministerio Público contra la administración de la entidad.
Nueve personas afectadas por la medida
La resolución, a cargo del juez Rodrigo Estigarribia, alcanza en total a nueve personas: además de Bataglia y Brítez, a Hugo Aranda, Juan Manuel Villar López, José Raúl Coronel Acosta, Rosa Colmán, Jaime Joel Caballero, Marcelo Rubén Bordón y Verónica Alexandra Blanco.
La medida se dictó como cautelar de carácter provisional, de acuerdo con el artículo 260 del Código Procesal Penal, y no implica un pronunciamiento sobre la responsabilidad definitiva de los procesados ni sobre la existencia o la extensión del daño patrimonial que investiga la Fiscalía.
Rechazo al embargo preventivo
El juzgado, en cambio, no hizo lugar al pedido de embargo preventivo que había formulado el Ministerio Público. La resolución aclara que la Fiscalía podrá presentar nuevamente esa solicitud, pero antes deberá individualizar los bienes concretos sobre los que pretende aplicar la medida y precisar el alcance de la afectación patrimonial.
Qué implica la inhibición
La inhibición general impide a los nueve procesados vender o gravar sus bienes mientras dure la medida, que quedará sujeta a control jurisdiccional y podrá revisarse, sustituirse o levantarse si cambian las circunstancias que la justifican, según la propia resolución. El juzgado ordenó además oficiar a la Dirección General de los Registros Públicos para que tome nota de la medida y confirme su cumplimiento.
El caso se suma a otros cuestionamientos recientes sobre la gestión del IPS: en la Cámara de Diputados, el legislador Daniel Centurión presenta hoy un proyecto de ley para convertir al Consejo de la entidad en un órgano honorífico, sin poder de decisión sobre contrataciones.
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