La abogada Sara Parquet profundizó su denuncia contra los magistrados que suspendieron la elección de decano y vicedecano en Derecho UNA. Los acusa de prevaricato, de designar a una jueza recusada y de basar la medida en un acta que, según ella, sería falsa.
La abogada Sara Parquet sumó nombres y precisiones a su denuncia contra los magistrados que suspendieron la elección de decano y vicedecano en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Asunción (UNA). Además de la jueza Teresita Clotilde Martínez, apuntó contra Modesto Núñez y Ariel Zaragoza, a quienes acusa de dictar la medida cautelar sin haber tenido a la vista el expediente.
La elección, prevista para el 20 de agosto con 14 electores habilitados en el Consejo Directivo, fue suspendida esa misma tarde por una medida cautelar, a partir de una acción del candidato a vicedecano Carlos Aníbal Fernández Villalba contra la candidatura de Karen González a la vicedecanía.
Según Parquet, ella y unas 20 personas más siguieron el expediente desde las 7:00 de la mañana en el Tribunal Primera Sala de la Justicia Electoral, revisándolo «cada media hora» sin que se moviera de ahí «ni un solo instante». Aun así, dijo, los magistrados presentaron una resolución ya redactada. «No sabemos dónde, no sabemos cómo lo hicieron», cuestionó.
La abogada también cuestionó el trámite previo: afirmó que tanto los magistrados como el tribunal superior estaban recusados, y que ese tribunal resolvió primero su propia recusación antes de resolver la de los magistrados.
Sobre Martínez fue especialmente crítica. Sostuvo que la jueza se excusó de entender en el expediente y que, pese a eso, fue designada, junto con Núñez y Zaragoza, para dictaminar la medida. «Una persona que se excusó de entender no puede luego terminar generando una resolución», planteó Parquet, quien calificó lo ocurrido como «notoria ilegalidad», «motivo de enjuiciamiento» y «prevaricato».
A esa denuncia sumó otra: según la abogada, la resolución incluye un acta que da cuenta de que Fernández Villalba prestó caución juratoria ante la Secretaría del Tribunal, un trámite habitual para garantizar una medida cautelar, pese a que el candidato nunca compareció allí. Parquet dijo haber reclamado esto ante el actuario del tribunal, quien «no supo decir» cómo se generó el documento y se limitó a señalar que se lo entregaron ya elaborado.
El proceso electoral en Derecho UNA acumula cuestionamientos desde mediados de agosto: el 15 de agosto, un abogado de apellido Fernández impugnó la habilitación de González para ser candidata, avalada días antes por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, y el 18 de agosto el decano saliente, Carlos Gustavo González Morel, que buscaba la reelección, renunció a su postulación por «razones estrictamente particulares».
Parquet sostuvo además que el bloque de docentes que respalda al candidato a decano Bonifacio Ríos ya tenía asegurados los votos entre los 14 electores del Consejo Directivo, mientras que el otro aspirante, el actual vicedecano Marcos Aurelio González, «no llegaba a los votos».
Sobre este último, la abogada planteó otro cuestionamiento: sostuvo que González no podría ejercer el decanato porque continúa como miembro del directorio del Banco Central del Paraguay (BCP), un cargo que, dijo, es incompatible con la dedicación de tiempo completo que exige la función de decano. Según Parquet, esa incompatibilidad ya había sido impugnada antes sin que el cuestionamiento avanzara, y agregó, sin precisar a qué institución corresponde, que González habría sido procurador antes de sumarse al Banco Central, cargo que desde entonces no fue cubierto por un reemplazante.
La abogada relató además que Bonifacio Ríos, el otro candidato a decano, le habría dicho un día antes a un periodista que el Tribunal Superior de la Justicia Electoral debería enfrentar un juicio político por su actuación en este caso. Consultada sobre qué ocurre si la elección no llega a realizarse o termina en un empate de siete votos contra siete, Parquet explicó que en ese escenario el decano actual continuaría en el cargo hasta que se resuelva la situación.
El caso, que ya había cuestionado la suspensión de la elección, ahora también pone en discusión la actuación de tres magistrados de la Justicia Electoral y la habilitación misma de uno de los candidatos a decano.
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