El Juzgado Penal de Garantías en Delitos Económicos del Primer Turno de la Capital, a cargo de Humberto Otazú, desestimó la denuncia presentada por María José Bareiro Dure, representante legal de la constructora REHOBOT, contra el exdiputado Orlando Gabriel Arévalo Zielanko, su esposa, la concejal Graciela Carolina González Pérez, y la agente fiscal Sandra Ledesma. La resolución (A.I. N° 273, del 19 de agosto) hizo lugar al pedido de desestimación presentado por el agente fiscal Francisco Cabrera.
Bareiro había denunciado a los tres, en febrero de 2025, por los presuntos hechos punibles de lavado de dinero, asociación criminal, tráfico de influencias, extorsión, soborno agravado y persecución de inocentes.
La disputa se originó en un contrato de remodelación firmado en marzo de 2022 entre REHOBOT y el matrimonio Arévalo-González, que fijó un presupuesto inicial de Gs. 350.000.000, luego ampliado a Gs. 611.085.750 mediante una adenda. Según la denunciante, la obra quedó con un saldo impago que reclamó por telegrama en enero de 2024, ante lo cual la pareja habría reaccionado «de forma airada y amenazante».
Días después, Carolina González presentó a su vez una denuncia contra Bareiro por actividades peligrosas en la construcción, estafa y asociación criminal, a partir de un dictamen técnico que —según los denunciados— detectó deficiencias en la obra. Esa causa, tramitada en Lambaré, ya fue elevada a juicio oral y público.
La denuncia de Bareiro sostenía que Arévalo —entonces diputado y vicepresidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados— impulsó esa contradenuncia para intimidarla y evitar el pago, valiéndose de la colaboración de la fiscal Ledesma, y que parte del dinero invertido en la vivienda tendría origen ilícito.
El fiscal Cabrera concluyó que no puede hablarse de denuncia falsa ni de persecución de inocentes mientras la causa contra Bareiro —ya con control jurisdiccional que la elevó a juicio— siga abierta; que presentar una denuncia penal para reclamar una deuda no constituye una amenaza ilícita; y que no halló elementos que verificaran un «esquema de favores» para sostener el tráfico de influencias o el soborno agravado. Sin un hecho precedente probado, tampoco encontró sustento para el lavado de dinero. El juez Otazú coincidió con ese análisis y ordenó devolver las actuaciones al Ministerio Público para su archivo.
La causa quedó archivada y, según confirmó la cronista de Ñanduti Noelia González, no podrá reabrirse. El fiscal Cabrera señaló además que la documentación sobre la situación patrimonial de la pareja fue puesta a disposición de la Fiscalía Adjunta de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción, que —según la resolución— ya tendría una investigación en curso sobre el punto, ajena a los hechos analizados en esta causa.
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