«La sospecha que se tiene es que para adquirir el bien y poder justificar los ingresos presentó la declaración jurada de su cónyuge, en ese momento incluso ya estaba divorciado y separado de bienes, y también un certificado de bonificación supuestamente expedido por la Policía Federal de Brasil», detalló la fiscal.
Sin embargo, a través de cooperación internacional «se tuvo la información de que no expidieron certificado», confirmó Bobadilla. La agente del Ministerio Público también explicó que la causa se origina a raíz de que Ruiz Díaz supuestamente filtraba informaciones en casos grandes como A Ultranza Py.
Según la investigación, tanto Ruiz Díaz como su exesposa Andrea Karina Martí no pudieron justificar movimientos que rondan los G. 2.800 millones. «Adquirieron un vehículo de alta gama entregando una fuerte suma de dinero, también dos viviendas», indicó Bobadilla. «Aparentemente los gastos que hacían para adquirir bienes no provenían de sus salarios y tampoco se detectó que haya sido de alguna fuente lícita del sistema financiero», agregó.
Se solicitaron medidas cautelares de carácter real sobre los bienes de los imputados.
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