Robles Ibarra fue considerado por el Tribunal de Sentencia como el «cerebro» del esquema delictivo que involucró el desvío de G. 5.105.600.000 de fondos destinados a la reactivación económica durante la pandemia de covid-19, a través de 14 «obras fantasmas» justificadas con facturas falsas y clonadas presentadas por la fundación CIAP.
Había sido condenado en enero de 2025 junto al exgobernador por lesión de confianza y producción de documentos no auténticos. Obtuvo libertad ambulatoria en julio de ese año tras cumplir seis meses en Tacumbú y ofrecer cauciones por más de G. 6.000 millones.
Sin embargo, una vez que la condena quedó firme tras el rechazo de los recursos en la Corte Suprema, el Juzgado de Ejecución Penal lo intimó a presentarse. Al no cumplirse el plazo, se había dispuesto la ejecución de garantías sobre inmuebles en Ñemby, Lambaré, San Bernardino y Belén.
Durante el juicio, las juezas Karina Cáceres, Ana Rodríguez Brozón y Yolanda Morel determinaron que Robles Ibarra ideó y lideró el plan, y que el dinero desviado terminó en su poder. Era conocido en la Gobernación como el «gobernador de facto» por el poder de decisión que ejercía.
Hugo Javier González se había entregado el 4 de agosto pasado.
Deja una respuesta