Entre los casos analizados, el mayor porcentaje de jóvenes dentro de las personas investigadas corresponde al robo, donde la franja de 18 a 30 años representa el 67%.
En este periodo se registraron 89.170 denuncias por este hecho punible, incluyendo robo agravado y robo con resultado de muerte. El 93% de las personas investigadas son hombres.
En el caso del hurto, que acumuló 314.777 denuncias, el 60% de las personas investigadas tiene entre 18 y 30 años. El 91% corresponde a hombres. El registro incluye distintas modalidades como hurto agravado, hurto agravado en banda, hurto especialmente grave y hurto seguido de violencia.
Los jóvenes también representan el 61% de las personas involucradas en hechos punibles relacionados con la Ley N.º 1340/88, correspondiente a narcotráfico. En estos cinco años se abrieron 13.991 carpetas fiscales y el 86% de las personas imputadas son hombres.
Otro de los hechos con una presencia significativa de esta franja etaria es la exposición al peligro en el tránsito terrestre, con un 47% de personas investigadas de entre 18 y 30 años sobre 47.304 denuncias. En lesión, con 45.926 denuncias, la proporción alcanza el 40%.
El informe también registra que los jóvenes constituyen la franja etaria con mayor presencia entre las personas investigadas por homicidio doloso, en un universo de 6.565 denuncias. En este hecho punible, el 90% de las personas imputadas son hombres.
En otros delitos, la presencia de personas de 18 a 30 años también resulta significativa: representan el 52% de los investigados por lesión grave, el 40% en casos de violencia familiar y el 40% en coacción sexual y violación. En abuso sexual en niños, la proporción es del 30%, mientras que en trata de personas alcanza el 25%.
En el caso de maltrato de niños y adolescentes bajo tutela, el estudio señala que la franja de 18 a 30 años es la que registra la mayor proporción entre las personas sindicadas como presuntas autoras y que el 75% de las personas investigadas son mujeres.
El Observatorio aclara que los datos corresponden a denuncias e investigaciones y que una denuncia o una investigación no equivale a una condena ni acredita por sí sola la responsabilidad penal. El Ministerio Público plantea que estas estadísticas pueden servir como insumo para diseñar acciones de prevención y abordar factores vinculados con el entorno familiar, educativo, laboral y social de la población joven.
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