La Cámara de Comercio Paraguayo Americana (AmCham Paraguay) advirtió, a través de un comunicado, que el caso del exlegislador Hernán Rivas, quien incluso llegó a presidir el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), deteriora la confianza internacional en las instituciones paraguayas y pidió rigor judicial en las etapas que restan del proceso. La entidad reafirmó que un clima de negocios competitivo y previsible, capaz de atraer inversión extranjera sostenible, depende de la plena vigencia del Estado de Derecho y de la seguridad jurídica.
Según el comunicado, «los recientes acontecimientos judiciales y políticos en torno al caso Hernán Rivas evidencian la urgencia de erradicar toda práctica de simulación, fraude documental y falsificación de credenciales profesionales en los espacios de decisión del Estado». La Cámara remarcó que el uso de títulos espurios para acceder a cargos de alta relevancia constitucional «no solo vulnera el ordenamiento jurídico: también deteriora gravemente la confianza internacional en nuestras instituciones».
El caso al que se refiere el comunicado es el de Hernán Rivas, condenado a 8 años de prisión por un Tribunal de Sentencia presidido por la jueza María Fernanda García de Zúñiga. Según explicó la magistrada tras la sentencia, el certificado de estudios de Rivas consignaba 4.300 horas de formación académica, mientras que el cálculo del Tribunal —en base a tres horas diarias, cinco días a la semana y nueve meses al año— arrojó apenas unas 2.900 horas. El Tribunal no halló registros de clases, compañeros ni fotografías que acreditaran su paso por la carrera, por lo que consideró a Rivas un «alumno fantasma». La jueza sostuvo además que la decisión se tomó sin presiones y cuidando la seguridad jurídica en todo el proceso.
AmCham sostuvo que los inversionistas globales buscan mercados en los que prevalezcan el mérito y la transparencia, y en los que exista la certeza de que las reglas son iguales para todos. Advirtió que «la impunidad y la debilidad de los controles institucionales constituyen un obstáculo directo para el crecimiento económico y la generación de empleo formal».
La Cámara instó a las instancias judiciales a actuar «con plena independencia, celeridad y rigor» en las etapas que restan del proceso, con estricto respeto de las garantías del debido proceso, de modo que la ley alcance a todos los responsables, cualquiera sea su nivel de participación. Asimismo, exhortó a los poderes del Estado a profundizar las reformas institucionales necesarias para fortalecer los mecanismos de verificación y control, en particular la validación de títulos académicos y habilitaciones profesionales. La entidad puso a disposición la experiencia de su red de asociados para acompañar esos esfuerzos.
El comunicado, fechado en Asunción en septiembre de 2026, concluye que «solo un Paraguay con instituciones sólidas, transparentes y respetuosas de la legalidad podrá consolidarse como un destino confiable para los capitales que buscan previsibilidad y desarrollo a largo plazo».
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