La empresa británica Atome PLC notificó oficialmente la rescisión de su Contrato de Compra de Energía (PPA, por su sigla en inglés) con la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), firmado originalmente en mayo de 2022 y luego modificado para comprometer un suministro de 145 MW, destinado a su proyecto de fertilizantes verdes en Villeta.
Según un comunicado de la compañía fechado el 1 de octubre, bajo el título «Actualización de Villeta», la decisión se da luego de que, el 17 de septiembre, Atome notificara a Paraguay un Aviso de Disputa e Intención de Presentar una Reclamación de Arbitraje, en el que acusó al Estado paraguayo de haber incumplido el Tratado Bilateral de Inversiones entre el Reino Unido y Paraguay. Según la empresa, ese incumplimiento se dio al revocar decretos presidenciales que garantizaban el suministro de energía a largo plazo y a precio fijo para el proyecto, y al no concretar un nuevo PPA sustitutivo que, de acuerdo con Atome, el propio Estado había reconocido como necesario para la viabilidad financiera del proyecto, tras «extensas reuniones» con la empresa y sus financiadores.
Atome explicó que había propuesto a la ANDE una suspensión temporal del PPA de 2022 mientras se buscaba una solución, pero que no se logró acordar la forma de ese acuerdo. Por eso, para evitar perjuicios y responsabilidades por seguir sujeta al contrato original, notificó su rescisión, que será efectiva a fines de 2026. La compañía aclaró que esta rescisión «no obstaculizará las negociaciones» con el Gobierno y la ANDE para un nuevo PPA que garantice la viabilidad del proyecto, ni afectará los derechos que reclama bajo el Tratado Bilateral de Inversiones. Según el comunicado, Atome continúa «trabajando de buena fe» con la ANDE y el Gobierno, en línea —según sostiene la empresa— con la propia misión institucional de la ANDE de «satisfacer las necesidades de electricidad del país y operar con responsabilidad social y ambiental». La compañía agregó que una resolución satisfactoria del conflicto «demostraría y tranquilizaría a la comunidad internacional» sobre la fiabilidad de Paraguay para las inversiones extranjeras.
Este anuncio se da pocos días después de que el presidente Santiago Peña se refiriera públicamente al conflicto. El mandatario reconoció que el Gobierno había recurrido a los decretos N.º 5306 y 5307 como una vía posible para sostener el marco regulatorio del proyecto, pero que decidió derogarlos «debido a la controversia generada», dejando que el tema «continúe siendo debatido y negociado» dentro de las normas vigentes de la ANDE. Peña sostuvo que el problema de fondo es la falta de un marco jurídico adecuado para la instalación de empresas electrointensivas, y señaló la necesidad de fortalecer la institucionalidad del sector —mediante la eventual creación de un Ministerio de Minas y Energía— y de contar con un ente regulador que establezca y supervise las tarifas para este tipo de empresas, que plantean condiciones especiales.
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