Tobillera delata al sospechoso del crimen de Eusebio Ayala y aparece la camioneta usada en el hecho

El Ministerio Público imputó a Junior Ramón Delvalle Almeida (30) y a Edgar Clodomiro Rodríguez Merlo (28) por homicidio doloso, en calidad de coautores, por la muerte de Rebeca Martínez Aricaye y la tentativa de homicidio contra Carolina Raquel Aguilar, en el hecho ocurrido el 28 de septiembre en el cementerio de Eusebio Ayala. La imputación fue formulada el 1 de octubre por la agente fiscal Norma Concepción Salinas.

Según la fiscalía, Rodríguez Merlo habría participado en la ejecución material de los disparos, mientras que Delvalle Almeida habría dado las instrucciones, por lo que se lo imputa como autor moral. El Ministerio Público sostiene que todo se originó en una jineteada, donde ambos imputados y una tercera persona aún no identificada —descrita con remera rosada, pantalón claro y quepis azul— compartieron y bailaron con las víctimas, lo que habría generado una pelea con Aníbal Javier Guanes López, expareja de Martínez Aricaye. Posteriormente, las víctimas se desplazaron en bicicleta y fueron interceptadas por una camioneta Toyota Fortuner blanca, que las habría subido por la fuerza antes de dirigirse al cementerio, donde se produjeron los disparos, alrededor de las 05:00 horas. La fiscalía pidió prisión preventiva para ambos imputados y seis meses de etapa preparatoria para identificar a los demás sospechosos.

Lo que elevó la gravedad del caso en las últimas horas fue un dato de 2025: Rodríguez Merlo había sido beneficiado en octubre de ese año por el juez Jean Paul López con la suspensión de su prisión preventiva y la aplicación de una tobillera electrónica, en una causa anterior por hurto agravado («Edgar Clodomiro Rodríguez Merlo y otros s/ Hurto Agravado», Expte. N° 1-1-2-16-2024-1700). Según esa resolución (A.I. N° 1003 del 24 de octubre de 2025) del Juzgado Penal de Garantías N° 11, el juez hizo lugar a un pedido de la defensa para aplicar una medida cautelar menos gravosa que la prisión preventiva, con condiciones como la prohibición de cambiar de domicilio, la prohibición de salir del país y la obligación de no cometer otro hecho punible, bajo control de la Oficina de Monitoreo de Dispositivos Electrónicos (OMDEC). Como caución se fijó una fianza real sobre un inmueble en Ciudad del Este por G 300.000.000.

Un año después, ya imputado por el crimen de Eusebio Ayala, Rodríguez Merlo —conocido como «Chule»— cortó y se quitó la tobillera electrónica al verse identificado en los medios de comunicación, y se dio a la fuga. El dispositivo había permitido ubicarlo en la escena del crimen. «Al ver su foto hizo el corte. Se sacó la tobillera y ahora es buscado», confirmó Omar Cubas, director general del Sistema 911, quien aclaró que al momento de la fuga no existía una orden formal de detención cargada en el sistema: «Nosotros no tuvimos el pedido de detención en el proceso».

A raíz de la fuga, el juez Jean Paul López declaró la rebeldía de Rodríguez Merlo en la causa de hurto agravado y ordenó su captura nacional e internacional. «El dispositivo asignado al encausado […] ha registrado alerta por manipulación, perdiéndose la señal de globalización conforme a los informes agregados en autos, y al haberse violentado dicho mecanismo de control y desconociéndose su paradero actual, se constata que el mismo ha incumplido con las reglas impuestas por este Juzgado», señala la resolución (texto original; probable error de tipeo del documento por «geolocalización»). El juez agregó que existen «suficientes motivos» para la rebeldía, al mostrarse «renuente a los mandatos de la justicia» y «violentando el mecanismo de control que lo sometía al presente proceso», y dispuso la interrupción del procedimiento en su contra hasta que se presente voluntariamente o sea capturado. Para la captura internacional, el Juzgado ofició a la Policía Nacional —a través de INTERPOL— para la emisión de una Notificación Roja (Red Notice), y a la Dirección General de Migraciones y a la Dirección de Cooperación y Asistencia Judicial Internacional de la Corte Suprema de Justicia, con fines de localización, detención preventiva y eventual extradición.

En paralelo, la Policía halló la camioneta que habría sido utilizada en el crimen: una Toyota Fortuner blanca (chapa WRPD 007), abandonada entre matorrales en una zona limítrofe entre Itauguá y Patiño, a unos 50 kilómetros del distrito de Eusebio Ayala. El comisario Pedro Lesme, jefe de gabinete del Departamento Contra el Crimen Organizado, confirmó en el programa #EnElHorno que el vehículo presenta características «muy similares» a la usada en el ataque. Señaló como detalle clave que el paragolpe del lado derecho de la camioneta está doblado, coincidente con el lado por el que, según la hipótesis fiscal, el vehículo habría embestido a las víctimas; agregó que fue hallada en un lugar boscoso. «Son indicios suficientes que nos dan a presumir que estamos frente al vehículo que se está buscando», afirmó Lesme para Ñanduti.


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